Congreso tiene en sus manos futuro de “TPS”

Posted enero 9, 2018 8:33 am by

WASHINGTON— El continuo desmantelamiento gradual del programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) aumentó este lunes las presiones para que el Congreso apruebe una ley que legalice a los “tepesianos”, que han usado el programa como un escudo contra la deportación.

 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció hoy el fin del “TPS” para cerca de 200,000 salvadoreños que han tenido esa protección desde 2001, pero con una demora hasta  el 9 de septiembre de 2019 para una “transición ordenada” mientras ajustan su estatus o preparan su salida.

 

El año pasado, el DHS lo eliminó, aunque también con un periodo de gracia, para los inmigrantes de Nicaragua y Haití, que tendrán plazo hasta el 5 enero y 22 de julio de 2019 para buscar opciones, respectivamente, mientras que los de Sudán lo tendrán hasta el próximo 2 de noviembre.

En julio próximo, la agencia emitirá su decisión final para unos 57,000 hondureños amparados al “TPS”.

 

Así, al cerrar la puerta a estos inmigrantes, el DHS está lanzando la “papa caliente” al Congreso, que debe encontrar una solución permanente, o exponerlos al riesgo de la deportación.

El “TPS” fue una respuesta humanitaria que dio el Congreso en 1990 a inmigrantes que no pueden regresar a sus países por conflictos civiles, desastres naturales y otras circunstancias extraordinarias temporales.

 

Todo presidente desde entonces había ofrecido prórrogas de entre seis y 18 meses, tras evaluar las condiciones sobre el terreno.

Pero, fiel a su promesa electoral de combatir la inmigración ilegal y hacer cumplir las leyes a rajatabla, el presidente Donald Trump ha decidido aplicar una óptica estricta, centrada sólo en las razones originales por las que cada país fue incluido en el “TPS”.

 

Es decir, la Administración ha venido eliminando el “TPS” sin tomar en cuenta que otras condiciones han agravado la situación en esos países, dijo a este diario Royce Murray, directora de política del “American Immigration Council”, uno de los grupos defensores de los inmigrantes.

 

“Temporal no es para siempre, claro, pero la Administración debe reconocer que muchos de estos países no están en condiciones para acoger a una masiva cantidad de retornados“, dijo Murray.

Grupos anti-inmigrantes, como NumbersUSA y la “Federación para una Reforma Estadounidense” (FAIR), aplaudieron la decisión de la Administración por entender que el “TPS” fue creado para atender la crisis del momento y no para prolongarse en el tiempo, burlando el sistema de inmigración legal. También presionan para que la Administración estreche el cerco a los inmigrantes indocumentados.

 

Propuestas en el Congreso

Así, la solución permanente la tiene el Congreso, que en paralelo tiene que bregar también con la situación de los “Dreamers”.

 

La medida  “ESPERER” permitiría la legalización de los inmigrantes indocumentados de Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador y que se ampararon al “TPS” antes del 13 de enero de 2011, entre otros requisitos.

 

Esa medida, presentada por el legislador republicano por Florida, Carlos Curbelo, con el apoyo de otros legisladores demócratas y republicanos de ese estado, busca eliminar la incertidumbre de quienes siempre han dependido de una próxima prórroga sin ninguna solución permanente.

 

Curbelo ha dicho que las extensiones de corto plazo del TPS alimentan la ansiedad e incertidumbre no sólo de los “tepesianos” –que no pueden planear su futuro- sino también de sus empleadores, que no tienen garantías de contar con su fuerza laboral a largo plazo.

“Esta legislación bipartidista le dará a estos migrantes tranquilidad para seguir contribuyendo en sus comunidades y a nuestra economía, y mantener a sus familias”, dijo.

 

También está la ley “ASPIRE-TPS”, de la congresista demócrata por Nueva York, Yvette Clarke, que les permitiría solicitar la residencia permanente si tenían vigente su “TPS” para el pasado 1 de enero y pueden demostrar ante un juez que afrontarían “extrema dificultad” si son deportados.

 

Esos inmigrantes no tendrían que salir del país para ajustar su estatus migratorio. Para los que no puedan demostrar extrema dificultad pero que tienen al menos cinco años en EEUU, la ley crea un nuevo programa de protección temporal con un permiso renovable de seis años.

 

Una tercera medida, “American Promise Act”, de la congresista demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez protege de la deportación a quienes tiene al menos tres años con “TPS”, y le permite solicitar la “tarjeta verde”.

 

“Esta decisión es otro paso desalmado y vergonzoso de la Administración Trump contra familias inmigrantes trabajadoras que han estado aquí durante décadas, construyendo sus vidas, echando raíces y contribuyendo a comunidades y economías locales”, dijo Velázquez, quien condenó las políticas “inmorales” de la Administración.

 

Velázquez pidió al Congreso la aprobación de su iniciativa, que tiene 58 co-patrocinadores y el aval del Caucus Hispano del Congreso.

 

 

 

Mientras, en el Senado, un nutrido grupo de once demócratas, entre ellos Ben Cardin, Dianne Feinstein, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand y Elizabeth Warren, promueven la llamada ley ““SECURE”, que permitiría solicitar la residencia permanente a todo el universo de “tepesianos”.

 

Según Cardin, el Congreso tiene la obligación de resolver la situación creada con la eliminación del “TPS”, pero a través de una legislación que defienda “los valores estadounidenses de la compasión y diversidad”.

 

¿Qué harán los “tepesianos”?

Ante la disyuntiva de quedarse, y arriesgar la deportación, o regresar o ser deportados a sus países, y afrontar violencia extrema, muchos “tepesianos” han dicho que regresarán a la sombra, o buscarán opciones como solicitar asilo o el patrocinio de empleadores o cónyuges con ciudadanía estadounidense.

 

Pero, según activistas y expertos legales, el proceso de asilo es largo y complejo y, a menos que un inmigrante pueda demostrar que su vida corre peligro o que puede ser víctima de persecución, citar la realidad de pobreza o violencia extrema no sería suficiente.

 

Además, los empleadores que quieran patrocinar la “tarjeta verde” de empleados con “TPS” tendrían que demostrar que no encuentran estadounidenses calificados para sus tareas.

 

Y los que entraron de forma ilegal y pidan la residencia permanente mediante sus cónyuges, podrían quedar sujetos a la llamada “ley del castigo”, que prohíbe la entrada al país por un mínimo de diez años.

 

Ahora que el DHS les ha dado la espalda, los “tepesianos” salvadoreños esperan que el Congreso les dé una mano.