Gobierno de Nicaragua debe desmantelar grupos paramilitares, insiste la CIDH

Posted junio 2, 2018 2:02 am by

Una vez más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las muertes producto de la represión gubernamental y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua en los últimos días particularmente el pasado 30 de mayo cuando fue teñida de sangre una marcha pacífica de los grupos autoconvocados. LA CIDH también urgió al Estado cese la represión de las protestas, desmantelar los grupos paramilitares y proteger el derecho a la protesta pacífica.

Según información del  conocimiento público el pasado 30 de mayo se produjo una represión por parte de grupos de choque y terceros armados, quienes dispararon con armas de fuego contra las personas manifestantes que dejaron 15 personas  muertas y 199 heridas en Managua, Estelí y Masaya, indica la CIDH a través de un comunicado de prensa desde Washington que contabiliza desde abril a la fecha 97 personas asesinadas pero que en realidad ya sobrepasan las 100 muertes.

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“Condenamos enfáticamente que se ataque a los participantes de una marcha pacífica con armas de fuego y lamentamos profundamente las muertes y las personas heridas que se reportan como resultado”, dijo por su parte la relatora de la CIDH para Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola quien insistió que “el Estado debe poner fin inmediato a la represión y la violencia”.

CIDH recuerda obligación de la Policía Nacional

Y reitera que es una obligación del Estado de Nicaragua desmantelar las estructuras represivas que están actuando en el país, las cuales deben ser investigadas y sometidas a la justicia, así como recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del estado de derecho.

Policías y turbas orteguistas hicieron equipo para reprimir brutalmente al pueblo y a los estudiantes entre el 18 y el 22 de abril. LA PRENSA /JADER FLORES

“Rechazamos cualquier forma de represión para impedir la protesta pacífica, así como la práctica de detenciones arbitrarias e insistimos en el llamado al cese de la violencia”, insistió Urrejola.

La CIDH reitera que cuando una protesta, o parte de ella, se torne violenta la Policía debe actuar bajo la estricta legalidad y utilizar de modo proporcional las medidas menos lesivas para dispersar a las personas.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, por su parte, recuerda que la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Del mismo modo, llama a investigar y sancionar a los autores de atentados contra las instalaciones de medios de comunicación.

Otra preocupación de la CIDH está vinculada con la información recibida sobre la gravedad y continuidad de las agresiones y existencia de decenas de personas heridas por armas de fuego y objetos contundentes en el marco de las protestas.

Una persona resulta herida en enfrentamiento desigual entre manifestantes y policías que dispara a matar. LAPRENSA/Jader Flores

Mientras la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales urge al Estado cumplir con su obligación prever y facilitar el acceso y asistencia médica de emergencia, de manera oportuna, adecuada y de calidad, respetando la autonomía y dignidad de los pacientes heridos sin distinción alguna.

Las personas que resultasen heridas deben ser protegidas contra atentados contra su vida, actos de violencia o cualquier obstaculización en la atención médica inmediata requerida. En determinadas circunstancias, denegar o demorar tratamiento médico puede constituir trato cruel, inhumano y degradante, o tortura.

Al tiempo que dice que toma nota del pronunciamiento efectuado por el Gobierno, a través del cual responsabiliza a la oposición de todo lo ocurrido a partir del 18 de abril, cuando le dice la CIDH “sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de quien resulte responsable de esos hechos, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad por la protección de la población es del Estado, el cual debe proteger y no reprimir. Asimismo, la CIDH recuerda que la responsabilidad de investigar los hechos y enjuiciar a los presuntos responsables es del Ministerio Público y del Poder Judicial”.

Igualmente informó la CIDH   anuncia que en los próximos días darán a conocer quienes son  los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua), creado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia, recomendar encuadres legales e identificar responsabilidades.